El expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a la prescripción en el proceso que lo condenó a 12 años de prisión. Rechazó la salida fácil y pidió al Tribunal de Bogotá un fallo de fondo sustentado en la verdad.
Álvaro Uribe Vélez sorprendió al país político y judicial al renunciar a la prescripción de la acción penal en su contra. El expresidente colombiano, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal, decidió seguir adelante con el proceso de apelación sin acogerse al recurso que podría extinguir su causa en octubre de 2025.
La decisión, comunicada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mediante una carta, cambia el ritmo del caso que lo enfrenta a la justicia desde hace más de una década. En sus propias palabras, Uribe explicó que, aunque la ley le ofrece una salida corta y sencilla, no aceptará ese camino porque considera que la verdad y la coherencia ética pesan más que cualquier beneficio procesal.
“Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida: la verdad”, escribió el exmandatario en la misiva dirigida a los magistrados.
Esta es la carta de Renuncia
Uribe renuncia a la prescripción y sigue en juicio by RedPrensa.com
Un caso de largo aliento
El proceso contra Uribe se originó en 2012, cuando denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado: la justicia terminó procesando al expresidente por presunta manipulación de testimonios de exparamilitares para desacreditar las acusaciones sobre vínculos con grupos armados ilegales.
Tras años de audiencias, recursos y apelaciones, el 1 de agosto de 2025 la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá dictó condena contra Uribe, imponiéndole 12 años de prisión domiciliaria y sanciones adicionales que afectaron su patrimonio y sus derechos políticos. Fue el primer expresidente colombiano declarado culpable en un juicio penal.
Pese a que la acción penal prescribiría el 16 de octubre de 2025, Uribe aclaró que no quiere acogerse a esa figura, entendida en la legislación como una garantía de debido proceso. En cambio, pidió a los magistrados que decidan de fondo, revisando cada una de las pruebas y alegatos que, según él, demuestran su inocencia.
En el documento entregado al Tribunal, Uribe sostiene que su condena es “equivocada e injusta”. Argumenta que en primera instancia no se valoraron de manera integral los elementos presentados durante más de 70 audiencias de juicio. Solo la revisión de las audiencias, los alegatos de conclusión y el fallo de 1.114 páginas, junto con los recursos de la defensa y del Ministerio Público, ocuparía miles de folios y cientos de horas de análisis.
“Ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia”, señaló Uribe, al tiempo que subrayó que la magnitud del expediente requiere un estudio detallado y no la presión de un plazo a punto de expirar.
El expresidente insistió en que tanto sus abogados como la Procuraduría han pedido revocar la condena. “He solicitado que se reconozca mi inocencia, probada en juicio”, enfatizó.
La renuncia a la prescripción tiene un impacto más allá de lo judicial. Para analistas, Uribe no solo se enfrenta a un riesgo personal al permitir que el Tribunal falle de fondo, sino que también busca reposicionar su figura política en medio del ambiente electoral hacia 2026. El expresidente conserva un peso central en el uribismo y sus decisiones suelen tener eco en las bases conservadoras.
La movida se interpreta como un intento de proyectar liderazgo ético y reforzar la narrativa de persecución política, al mismo tiempo que desafía a sus críticos a que el fallo sea producto de un análisis integral de las pruebas y no de tecnicismos legales.
En la carta, Uribe recalca que no desea que la acción penal quede extinguida por el paso del tiempo, sino que se dicte una sentencia en derecho, “independientemente de su sentido”. En otras palabras, está dispuesto a asumir la posibilidad de que la condena se confirme, pero busca que la decisión esté sustentada en un análisis sereno de la evidencia.
Con esta renuncia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá queda con el camino despejado para pronunciarse sin la presión de plazos. El recurso de apelación ya está en estudio, y se espera que el fallo aborde los cuestionamientos sobre la valoración de la prueba y las alegaciones de la defensa y del Ministerio Público.
Uribe, actualmente en libertad mientras avanza el trámite, mantiene su discurso de inocencia y asegura que el proceso ha estado marcado por calumnias y sesgos en su contra. Su estrategia, más que jurídica, también parece estar dirigida a sostener su influencia política en un escenario donde su partido busca mantener vigencia de cara a los próximos comicios.
En este contexto, la decisión del expresidente vuelve a situar su caso en el centro del debate nacional. En un país donde la política y la justicia se cruzan con frecuencia, la renuncia a la prescripción reabre discusiones sobre independencia judicial, legitimidad de los fallos y el peso de las figuras históricas en la democracia colombiana.
Lo cierto es que, más allá del desenlace jurídico, la decisión de Uribe ya produjo un efecto político inmediato: la agenda nacional volvió a girar en torno a su figura, sus procesos y el futuro del uribismo.
0 Comentarios