El Departamento de Estado justifica la expansión como una respuesta a la "amenaza continua" que representa Maduro para la estabilidad regional, acusándolo de liderar una red de corrupción vinculada al narcotráfico y a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sin embargo, la estrategia ha generado controversia: mientras algunos gobiernos la respaldan como un esfuerzo legítimo contra la impunidad, otros la califican de injerencia política, especialmente en el contexto de las tensiones entre Washington y gobiernos aliados de Caracas, como Rusia e Irán.
Analistas señalan que esta movida refuerza la presión diplomática y económica sobre el régimen venezolano, pero también plantea riesgos. "Ofrecer una recompensa de esta magnitud podría radicalizar aún más a sectores del chavismo o, por el contrario, fracturar internamente al gobierno", advierte María Gómez, experta en relaciones internacionales. Por su parte, Maduro ha desestimado la oferta como un "show mediático" y ha reiterado su control sobre las Fuerzas Armadas venezolanas.
La recompensa, gestionada por la Oficina de Seguridad Diplomática de EE.UU., incluye protección y reubicación para informantes, un detalle que subraya la complejidad logística y legal de operaciones transfronterizas de este tipo. Mientras tanto, organizaciones como la ONU han llamado a evitar escaladas que profundicen la crisis humanitaria en Venezuela.
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