La Fiscalía General de la Nación le abrió una indagación al ministro del Interior Armando Benedetti para determinar los hechos relacionados con el aparente trueque de bienes con el empresario Ricardo Leyva.
Luego del allanamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, a la mansión del jefe de cartera en Puerto Colombia, el nombre de Leyva volvió a resonar esta semana.
"En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025", afirmó el funcionario del Gobierno Nacional, refiriéndose a la togada.
Durante la diligencia del 11 de noviembre se reveló que dicha propiedad, ubicada en el lujoso condominio Lagos de Caujaral, donde vive la esposa y los hijos del alto funcionario del gobierno, está a nombre del promotor de eventos.
Mientras tanto Leyva habita el apartamento del edificio Iluminatta, adquirido por Benedetti por un valor de $ 1.860 millones, financiados a través del Fondo Nacional del Ahorro.
Aún se desconoce el motivo del intercambio, teniendo en cuenta que los inmuebles tienen una valorización distinta, pues el primer condominio está valorizado por $ 3.800 millones en la actualidad.
La casa fue entregada por Álex Saab al banco para extinguir una deuda. Su anterior arrendatario era Leyva, quien cedió el contrato con opción de compra al ministro.
Tras conocerse la decisión de apertura de la indagación por parte del ente de control sobre este presunto intercambio, Benedetti se pronunció a través de su cuenta de X:
Bienvenida la indagación preliminar de la Fiscalía. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal.
Armando Benedetti
Y añadió: La magistrada Lombana fue recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en mi contra. Aun así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión.
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