El mandatario autorizó la entrega a Estados Unidos de cinco hombres requeridos por delitos relacionados con narcotráfico y otras actividades criminales. Tres están capturados y dos permanecen prófugos.
El presidente Abelardo De La Espriella firmó en el Palacio de San Carlos las resoluciones que autorizan la extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas de organizaciones criminales que, según el Gobierno, participaron en procesos, mesas o espacios de diálogo de paz durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
Los extraditados son Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’; Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, este último señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
De acuerdo con el mandatario, ‘Mocho Olmedo’, ‘Muñeca’ y ‘Araña’ se encuentran bajo custodia de las autoridades, mientras que ‘HH’ y ‘Pinocho’ permanecen prófugos de la justicia.
Durante el anuncio, De La Espriella aseguró que su administración busca modificar el manejo que, según él, se venía dando a los procesos de paz y advirtió que la participación en espacios de diálogo no puede impedir que se cumplan órdenes judiciales.
“Este gobierno empieza a desmontar el modelo de falsa paz”, afirmó el presidente.
Según explicó el jefe de Estado, los cinco hombres son requeridos por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo.
“La paz no es un salvoconducto”
De La Espriella sostuvo además que los diálogos con grupos armados no deben convertirse en mecanismos para evadir a la justicia.
El mandatario afirmó que la paz no puede ser utilizada como un salvoconducto para conservar privilegios cuando existen graves requerimientos judiciales.
Las extradiciones ya habían recibido el aval de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la entrega de los señalados permanecía suspendida debido a que algunos de ellos participaban en procesos, mesas o espacios de diálogo con el Gobierno nacional.
Con la decisión anunciada por el presidente, el Ejecutivo busca reactivar los procedimientos de entrega a las autoridades de Estados Unidos, pese a que dos de los requeridos continúan sin ser ubicados por las autoridades colombianas.
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