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| Libro de la Verdad cuestiona a Air-e, Comfamiliar Atlántico y Canal del Dique |
El llamado “Libro de la Verdad” expone cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos, la intervención de Air-e y Comfamiliar Atlántico, además de los retrasos en las obras del Canal del Dique.
El denominado “Libro de la Verdad”, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, incluyó una serie de cuestionamientos sobre decisiones administrativas y manejo de recursos públicos que tendrían repercusiones en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
Uno de los principales capítulos está relacionado con Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024 y encargada de prestar el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Según el documento, Air-e pasó de reportar un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a un patrimonio negativo de $377.662 millones en 2025, mientras acumulaba pérdidas por aproximadamente $2,59 billones.
El informe también pone bajo cuestionamiento $2,69 billones en deterioros contables, además de dos auditorías que se habrían abstenido de emitir opinión debido a la falta de evidencia suficiente. A esto se suma el paso de seis agentes especiales en un periodo de 20 meses.
De acuerdo con el documento, la Fiscalía adelanta investigaciones relacionadas con presuntos giros a terceros por cerca de $250.000 millones y una posible falsificación de información contable. Estos señalamientos hacen parte de las denuncias que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Cuestionamientos a créditos de Findeter
Otro de los puntos señalados está relacionado con Findeter, entidad estatal que, según el informe, otorgó créditos a Air-e por aproximadamente $328.000 millones.
El documento cuestiona que estos recursos hubieran sido desembolsados pese a presuntas inconsistencias en la documentación, insuficiencias en las garantías y dudas sobre el soporte técnico utilizado para el análisis de riesgo.
Con la posterior intervención y liquidación de Air-e, el Gobierno advierte sobre el riesgo de recuperación de dichos recursos y el eventual impacto que esto podría representar para las finanzas públicas.
El informe también alerta sobre las obligaciones acumuladas dentro del sector energético nacional, que, según el Gobierno, alcanzarían los $2,9 billones, mientras persisten retrasos en el pago de subsidios de energía y gas.
Comfamiliar Atlántico también aparece en el informe
El “Libro de la Verdad” también dedica un capítulo a la intervención de Comfamiliar Atlántico y al funcionamiento del régimen de control de las cajas de compensación familiar.
El documento cuestiona que Antonio Sanguino, quien para ese momento se desempeñaba como ministro del Trabajo, asumiera simultáneamente las funciones de superintendente del Subsidio Familiar durante 43 días.
Durante ese periodo fue ordenada la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico, medida que contempló la remoción de su director y de los integrantes de su Consejo Directivo.
El Gobierno señala que esta situación generó una superposición entre las funciones de formulación de política pública y las labores de inspección, vigilancia y control. El propio documento aclara que esta circunstancia, por sí sola, no demostraría una ilegalidad, pero considera necesario revisar las decisiones adoptadas durante ese periodo.
Retrasos en el proyecto del Canal del Dique
Otro de los proyectos que aparece bajo cuestionamiento es el Canal del Dique, una obra considerada estratégica para la protección ambiental y la gestión del riesgo en la región Caribe.
Según el informe, la fase de obras mayores estaba inicialmente prevista para 2024, pero actualmente tendría como nuevo horizonte marzo de 2027.
El documento también señala que sería necesaria una nueva consultoría ambiental con un costo estimado de $63.767 millones.
De acuerdo con el Gobierno, la ANI proyecta radicar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la ANLA en octubre de 2026, mientras que el inicio de las obras mayores se mantiene previsto para marzo de 2027.
El llamado “Libro de la Verdad” cuestiona el tiempo transcurrido desde la firma del contrato hasta el inicio previsto de las obras y plantea interrogantes sobre las decisiones que han generado los retrasos del proyecto.
Señalamientos que deberán ser esclarecidos
Los casos incluidos en el documento hacen parte de una serie de señalamientos y cuestionamientos formulados por el Gobierno nacional. Las eventuales responsabilidades administrativas, fiscales o penales deberán ser determinadas por las autoridades competentes mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.
Para Barranquilla y el Atlántico, los tres asuntos tienen especial relevancia debido al impacto que pueden generar sobre el servicio de energía, los recursos de las cajas de compensación y las obras de protección ambiental y contra inundaciones.
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