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| Trasladan 20 presos de Barranquilla a cárceles de Bogotá |
El Gobierno Nacional ordenó el traslado temporal de los internos, señalados de pertenecer a estructuras criminales como Los Pepes y Los Costeños.
El Gobierno Nacional ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, como parte de una estrategia para impedir que continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de detención.
La medida fue ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella y ejecutada por el INPEC, con apoyo de la Fuerza Pública. Del grupo trasladado, 10 internos se encontraban en estaciones de Policía y otros 10 permanecían en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.
Entre los trasladados se encuentran presuntos integrantes de estructuras como Los Pepes y Los Costeños, entre ellos Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’; y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias ‘El Miquito’.
También fueron incluidos en el operativo Erick Fabián Molina Mendoza; Carlos Mario Polo Pérez, alias ‘Pastel’; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias ‘Makelele’; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias ‘Chocolate’; José Eulises Flórez Blanco, alias ‘Ñeco’; José Luis Barrios Álvarez, alias ‘El Huequito’; Dairo Luis García Quintero, alias ‘El Pequeño’, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias ‘El Gordo Pan’, entre otros.
El traslado se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, con presencia y acompañamiento de la Fuerza Pública, con el propósito de prevenir posibles fugas, rescates o atentados durante el desplazamiento.
Según lo anunciado, una vez lleguen a Bogotá, los 20 internos permanecerán aproximadamente 15 días y posteriormente serían distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las decisiones que adopten las autoridades penitenciarias en materia de seguridad.
El Gobierno Nacional indicó que esta medida busca reforzar el control sobre los centros penitenciarios y evitar que las personas privadas de la libertad continúen utilizando estos espacios para presuntamente coordinar extorsiones, amenazas y otras actividades criminales.
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