En principio, el homicidio colectivo es atribuido al ELN. El miedo de comunidades aledañas obligó a que muchas familias se desplazaran de sus hogares.
El miedo y la zozobra siguen reinando a sus anchas en el sur del departamento de Bolívar, donde hace pocas horas fue perpetrada una masacre de grandes proporciones, cuyas víctimas serían mineros locales.
El homicidio múltiple habría sido ejecutado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado 4 de noviembre en la vereda El Jardín, en jurisdicción del municipio de San Pablo.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), indicó que los actores armados irrumpieron en una mina de la mencionada zona y dispararon de manera indiscriminada contra quienes realizaban labores de minería.
“El ataque dejó cinco trabajadores mineros asesinados, tres de ellos identificados preliminarmente como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano, mientras que los otros dos aún no han sido identificados. El hecho también dejó maquinaria amarilla destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad minera en la zona”, explicó Indepaz.
Algunos medios locales informaron que el temor de la población del sur de Bolívar se ha acrecentado por el recrudecimiento de las disputas entre el ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que buscan a toda costa controlar la producción económica de las minas de oro de la región. En ese contexto, se ha conocido que decenas de familias del área rural han optado por abandonar sus hogares y buscar un nuevo comienzo en el caso urbano de las poblaciones cercanas —San Pablo, Cantagallo (Bolívar) y Puerto Wilches (Santander).
La situación también se volvió más aterrado cuando más tarde, un sexto cuerpo fue hallado con impactos de arma de fuego en la vía que comunica los municipios de San Pablo con Simití, a la altura del corregimiento de Pozo Azul. La víctima fue identificada como Ernesto Castro Trespalacios.
Indepaz ha catalogado este violento hecho como la masacre 68 que se registra en Colombia en lo que va del 2025, siendo Bolívar, Cauca y Valle del Cauca los departamentos que figuran en la cabeza de territorios
La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana que incluye al municipio de San Pablo con un llamado a la acción urgente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Así mismo advierte un alto riesgo humanitario en la mencionada población por la disputa del control de la minería de oro y los corredores de la Serranía de San Lucas, señalando desplazamientos, amenazas y control social sobre comunidad.
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